La intención del Gobierno de Panamá de que el país esté representado por primera vez en la CorteIDH y que lo haga la exprocuradora general de la República, exdiputada y excandidata independiente a la Presidencia Ana Matilde Gómez, consiguió cosechar por ahora una tormenta política por un alud de críticas al hecho de que Gómez fue en su día condenada por abuso de poder.
La mayoría de analistas consultados por EFE consideran que el asunto "se ha politizado", pero también opinan que el gobierno lo ha planteado de manera muy torpe desde el principio y al final ha sido víctima de una opinión pública dispuesta solo a sospechar de sus maniobras.
Gómez, en representación de Panamá, se postula junto con Costa Rica, Paraguay, Perú y Brasil a una de las cuatro vacantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para el periodo 2022-2027, que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elegirá este año.
La polémica se ha centrado en una condena que la exdiputada carga desde el 2010, cuando, bajo el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), la Corte Suprema de Justicia de Panamá la condenó por el delito de abuso de autoridad, por permitir la intervención telefónica de un fiscal que estaba pidiendo un soborno, despojándola de su cargo, procuradora de la nación (fiscal general), e inhabilitándola para ejercer cargos públicos por los siguientes cuatro años.
La condena fue recurrida ante la CorteIDH, mismo organismo para el que ahora fue postulada, y el caso aún no se ha resuelto, aunque, de hecho, la exprocuradora fue habilitada en 2014, durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), para acceder a un escaño de diputada en el Parlamento panameño.
En 2019, se presentó a candidata presidencial como independiente, siendo derrocada por el actual presidente, Laurentino Cortizo (2019-2024).
Así, la controversia oscila en que si Gómez puede acceder a dicho puesto judicial, y si moralmente es ella la persona correcta para postularse. Incluso, este jueves un exembajador presentó una denuncia ante la OEA en contra de la postulación.
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La lluvia de críticas, de políticos y expertos en la materia, ha sido recogida por medios de comunicación y programas de tertulia, algunos alegando que la disputa está presente en la sede presidencial, que, hasta el momento, no se ha pronunciado.
Según analistas consultados por EFE, la disputa se ha "politizado", incluso se ha utilizado para "desviar la atención" de los numerosos problemas que acarrea el país, como un repunte desmesurado de los contagios de covid-19.
Se ha puesto en duda el proceso de postulación por parte de la Cancillería, quien anunció la candidatura mediante un comunicado en un intento del país centroamericano de "fortalecer la presencia en los organismos multilaterales", y abogar por el empoderamiento femenino.
En los 40 años que lleva vigente la CorteIDH, solo cinco mujeres han alcanzado el cargo de jueza, y Panamá nunca ha tenido representación.
En esta próxima legislatura, Gómez aspira para uno de los puestos con dos mujeres más: Miryam Peña Candia (Paraguay) y Nancy Hernández (Costa Rica).
"Si el Gobierno la postuló, hemos de suponer que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un previo análisis y que llegaron a la conclusión de que sí puede (...) cuando se le propone, la propia Gómez también hizo consultas, y todos coincidieron que sí podía", dijo a EFE el analista y asesor político José Eugenio Stoute.
Para el experto constitucionalista Miguel Antonio Bernal, el procedimiento ha sido "atípico", pues, "lo normal es que se nombren a varios candidatos".
"Un cargo de esa naturaleza, bajo mi opinión, debe ir con un aval de la Corte Suprema, del Legislativo y Ejecutivo porque va a representar al Estado, no al Gobierno. Por eso, no puede ser el Gobierno solamente quien la nombre (..) y encima que se diga que el propio presidente no participó en la nominación", apuntó Bernal.
La propia Gómez declaró en la cadena de televisión Telemetro, que fue la propia Cancillería quien le llamó y propuso el puesto. Ante ello, alegó que esto la tomó por "una grata sorpresa", y que ella misma decidió consultar "con algunos juristas de Washington porque allá está el caso, con algunos también en Costa Rica y localmente", para finalmente aceptar.
"Ella cumple con todos lo requisitos", sostuvo Stoute.
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También, han sido numerosas las críticas, desde medios de comunicación hasta prestigiosos abogados, que se han escorado en un artículo de la constitución panameña que establece que nadie que tenga una condena por delito doloso puede ser miembro del Órgano Judicial.
Pero, "ella no se postula a un cargo del órgano judicial de Panamá, sino a un cargo internacional", aclaró Stoute.
"Una constitución no puede cubrir un renglón internacional", pero la "Convención Americana establece que no puede ser magistrado quienes hayan sido condenado por un órgano judicial del estado al que pertenece", consideró Bernal.
Sin embargo, al interponer una acción contra su sentencia "para las instancias internacionales ella no es vista como condenada", explicó Bernal.
Para Bernal, la postulación de Ana Matilde Gómez es un "flaco favor" que se le hace al país, pues los magistrados de la Corte tienen un curriculum vitae "impoluto", mientras que Stoute defiende que la hoja de vida de la exprocuradora es "intachable" ya que su condena fue "injusta".
El Ejecutivo aún no se ha pronunciado, y algunos medios de comunicación apuntan que esta candidatura ha divido al gabinete.
"Ni busqué ni solicité el cargo. Pero entiendo la dignidad que supone, la distinción que se ha hecho y la gran oportunidad que tiene el Estado (...), y está en plena libertad de retirar la postulación si quisiera, o si me lo pide lo consideraré si lo que corresponde es una denuncia", dijo Gómez a Telemetro.
